Political persecution and judicial coresponsability in Mendoza during the seventies
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Abstract
In September 1974, the constitutional government of María Estela Martínez de Perón, passed the law 20.840 or National Security law, which objective was to monitor, control and persecute the mobilized sectors of civil society, establishing that any person who altered or attempted to alter the institutional order and social peace of the Nation would be at the disposal of federal justice. In this article, based on the analysis of four operations that occurred in the province of Mendoza, we are going to address the complicity and responsibility of the federal justice system in the local repressive plot prior to and after the coup d'état, paying attention to the coordinated actions between the armed and security forces, to the systematic nature of the repressive actions reflected in the organization of operations based on the political identity of the victims, and to the way in which the legal and the illegal were intertwined were intertwined in said actions.
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