DOSSIER / DOSSIER
El aborto en disputa. Impedimentos legales, condenas morales y rebeldías
colectivas
Julia Burton
CONICET - Universidad Nacional del Comahue, Argentina
ju.burton@yahoo.com
Cita sugerida: Burton, J. (2017). De la Comisión al Socorro: trazos de militancia feminista por el derecho al aborto en Argentina. Descentrada, 1(2), e020. Recuperado de http://www.descentrada.fahce.unlp.edu.ar/article/view/DESe020
Resumen
En este artículo, me interesa trazar uno de los posibles
recorridos que instaló el debate público sobre la despenalización
y legalización del aborto en los últimos treinta años. Se analizan
los contextos históricos particulares de los momentos en que emerge esta
discusión pública y las principales acciones colectivas llevadas a cabo
por el movimiento feminista en Argentina. Inicio el recorrido en la década de
1980 con el surgimiento de la pionera Comisión por el Derecho al Aborto, hasta
alcanzar la emergencia de Socorristas en Red (Feministas que Abortamos) en 2012.
Palabras clave: Movimiento feminista; Derecho al aborto; Acciones colectivas; Argentina.
From Commission to Socorro: some lines of feminist militancy for the right to
abortion in Argentina
Abstract
In this article I shall go into some experiences that installed
the public debate on the issue of decriminalization and legalization of abortion in the
last thirty years. The special historical context of the moments at which emerge this
public discussion and the main collective actions carried out by the feminist movement
in Argentina are analysed in detail. The emergence of the pioneer Comisión por
el Derecho al Aborto is the starting point of this article that reaches up to the
action of Socorristas en Red (feministas que abortamos) in 2012.
Keywords: Feminist movement; Right to abortion; Collective actions; Argentina.
El Código Penal Argentino (CPA) tipifica al aborto como un delito contra la vida y establece penas tanto para la mujer embarazada como para las y los profesionales de la salud que se involucren en la realización del aborto. Sin embargo, admite dos situaciones que habilitan a las mujeres y personas con capacidad de gestar a acceder a un aborto no punible (ANP): cuando supone un riesgo para la salud o la vida de la mujer y éste no puede evitarse de otro modo, o cuando el embarazo es producto de una violación o un “atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente” (CPA, Libro Segundo, Título I, Artículo 86).
Debido a las controversias de interpretación del artículo 86 del CPA, en el año 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) estableció en el fallo F.A.L s/medida autosatisfactiva el alcance de los ANP. Entre los aspectos más importantes del fallo se señala que no resultan punibles las interrupciones de embarazos provenientes de toda clase de violación, que los casos de ANP no están supeditados a trámites judiciales y que es necesario implementar protocolos hospitalarios para su concreta atención.
En el año 2015, el Ministerio de Salud de la Nación publicó el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)”, enmarcando toda ILE en los derechos a la autonomía personal, la privacidad, la salud, la vida, la educación y la información. Uno de los aspectos establece que la causal salud se basa en una concepción integral de la misma, es decir que implica un estado completo de bienestar físico, psíquico y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Asimismo, el concepto de peligro para la salud no exige que se configure un daño, sino su posible ocurrencia, estableciendo que “la decisión de la mujer sobre qué tipo de peligro está dispuesta a correr debe ser el factor determinante en la decisión de requerir la realización de una ILE” (Ministerio de Salud de la Nación, 2015, p. 15).
Sin embargo, no todas las mujeres que podrían enmarcar sus abortos en las causales de no punibilidad acceden a una ILE. Existe una multiplicidad de causas asociadas a diferentes temores por las cuales las mujeres deciden resolver sus abortos de otra manera. Algunas están vinculadas a la desconfianza de que realmente se lleve adelante la práctica, a ser juzgadas y maltratadas, a que no se respete el secreto profesional, a las dilaciones burocráticas y el consecuente avance de las semanas de gestación, entre otras razones (Burton y Peralta, 2016).
La prohibición de la práctica o las dificultades que puedan encontrar las mujeres para encauzar un aborto dentro de las causales de no punibilidad, no impide su realización. Las investigadoras Silvia Mario y Edith Pantelides (2009) emplearon dos métodos de estimación estadística que arrojaron por resultado que, anualmente, se producen en Argentina entre 371.965 y 522.000 abortos inducidos. Esto es indicativo de que el marco legal restrictivo no evita que las mujeres aborten. Lejos de impedirlo, la clandestinidad crea un mercado al que las mujeres acuden para interrumpir sus embarazos, generando diferenciales de acceso a una práctica segura según su pertenencia de clase. Las mujeres de los sectores medios y altos de la sociedad pueden acceder con mayores facilidades a la realización de un aborto en un consultorio o clínica privada, pagando los costos del mercado y sin poner en riesgo su propia vida. En cambio, para las mujeres de escasos recursos económicos la clandestinidad también puede convertirse en inseguridad, puesto que muchas veces son realizados en lugares sin las condiciones higiénicas requeridas ni el personal adecuado y capacitado. Así, en el límite de la situación de interrumpir un embarazo no deseado, ponen en juego su propia vida (Chaneton y Vacarezza, 2011).
En ese contexto de clandestinidad del aborto, las organizaciones feministas han desarrollado una multiplicidad de acciones colectivas con el objetivo de despenalizar y legalizar el aborto en Argentina.1 La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito es una de las mayores expresiones de articulación federal que logró poner al aborto en el centro de la escena pública y política. De este modo, la clandestinidad discursiva a la cual el aborto también ha sido confinado, empezó a abrirse hace unos años.
El 28 de mayo de 2005, en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, por primera vez, apareció públicamente la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Su emergencia dentro de los movimientos sociales en Argentina es resultado de la confluencia de las luchas por el derecho al aborto que mujeres y feministas de diferentes lugares del país llevaron adelante por décadas. Su existencia implica la articulación de las prácticas políticas y recorridos particulares en una instancia federal, producto de alianzas y consensos construidos a lo largo de estos años (Anzorena y Zurbriggen, 2013).
La Campaña fundamenta la demanda del aborto legal en una cuestión de salud pública y de reivindicación del derecho de las mujeres a elegir sobre su vida reproductiva (Tarducci y Rifkin, 2010). Entender al aborto como un problema de salud pública ha significado un gran avance del movimiento feminista y de mujeres dentro del campo reproductivo, históricamente colonizado por las significaciones religiosas y sociales respecto de la sacralización de la maternidad. En este sentido, “la posibilidad efectiva de la mujer de regular su sexualidad y capacidad reproductiva, o sea, de ejercer control sobre su cuerpo impidiendo que sea sometido a prácticas de dominación, se inscribe en el campo de los derechos humanos básicos” (Checa y Rosenberg, 1996, p. 10).
Los derechos reproductivos forman parte de los derechos humanos y son esenciales para el disfrute del potencial humano. Suponen los derechos que tienen todas las personas a controlar sus propios cuerpos e incluyen entre otros el derecho a la autodeterminación reproductiva y a la atención de la salud reproductiva. El derecho a la autodeterminación reproductiva está basado en el derecho a planificar la familia e incluye el derecho a estar libre de interferencias y coerciones en la toma de decisiones que atañen a la reproducción (Chiarotti, 2006).
El estatus del aborto como problema acerca del cual la acción pública estatal debiera intervenir, constituye en sí mismo un tema de disputa. Al despertar grandes controversias entre las partes que pugnan por definirlo como un problema público sobre el cual el estado debe dar respuesta, el aborto ha aparecido y desaparecido de la discusión pública en diferentes momentos desde el regreso de la democracia en 1983.
En este artículo, con el propósito de brindar una sistematización exhaustiva, señalo momentos específicos donde las acciones colectivas del movimiento feminista (principalmente asentado en Buenos Aires) lograron inscribir el aborto en los debates públicos de los últimos treinta años en su lucha por la legalización y despenalización del aborto. En función de este objetivo, se trabajó con investigaciones previas sobre el tema en particular, y con trabajos publicados que analizaban los contextos históricos y políticos desde 1983 en adelante. Este artículo es, entonces, resultado de la articulación de esas investigaciones, proveyendo un estado de la cuestión respecto de la historización de la lucha feminista en Argentina por el derecho al aborto. Asimismo, en la última sección utilizo observaciones de campo realizadas para mi tesis doctoral.
En primer lugar, paso revista sobre la Comisión por el Derecho al Aborto (CDA) surgida a mediados de la década de 1980. En segundo término, la manera en que aparecen los debates durante la década de 1990 referidos a los derechos sexuales y reproductivos. Por último, la modalidad en que la discusión del aborto atraviesa los Encuentros Nacionales de Mujeres (ENM), particularmente de los años 2003 y 2004. Estas experiencias confluyen como antecedentes del surgimiento de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
El año 1983 indica el final de la última dictadura cívico-militar y el ingreso del país a un período democrático ininterrumpido inédito en la historia de Argentina. El 30 de octubre de 1983, se celebraron las elecciones presidenciales que consagraron a la fórmula encabezada por Raúl Ricardo Alfonsín y Víctor Martínez, con casi el 52% de los votos (Quiroga, 2005). La asunción del presidente el 10 de diciembre y la clausura del régimen dictatorial, posibilitan que en estos años se configure un escenario social caracterizado por una amplia participación en la arena pública de varios sectores y actores sociales, con un fuerte énfasis en poner al día el tema de los derechos que habían sido violados por la dictadura.
Elizabeth Jelin (1986) señala que una característica de la sociedad argentina urbana –principalmente asentada en Buenos Aires- radica en la alta presencia callejera, masiva, movilizada por y desde la política, aunque no necesariamente organizada en función de demandas político-partidarias. El caso más emblemático fue el protagonismo de los organismos de derechos humanos. Sin embargo este clima político y social también resultó favorable para las mujeres, tanto por el papel importante de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, como por el rol protagónico que habían adquirido las mujeres en la resistencia a la dictadura. El autodenominado Proceso de Reorganización Nacional no implicó únicamente la desaparición forzada y sistemática de personas, sino que el gobierno militar tomó medidas puntuales que agravaron la situación específica de las mujeres, como la anulación de la legislación que estipulaba la igualdad de derechos entre esposas y concubinas y el mantenimiento de las políticas natalistas implementadas por el gobierno anterior. Asimismo, los medios masivos de comunicación difundían y propiciaban un “retorno a la familia”, reforzando la posición doméstica y subordinada de las mujeres, a quienes se interpelaba únicamente como madres y esposas (Jelin, 1986). Por otro lado, las políticas económicas, el desguace de funciones sociales del Estado, sumado a la precarización del empleo, la pérdida o deterioro de los servicios públicos y la represión, hicieron que las mujeres sean quienes se encarguen de canalizar las demandas sociales (Brown, 2014).
El clima generado a raíz del retorno a la democracia propició, entonces, una reemergencia del feminismo en la arena pública. El movimiento feminista y de mujeres logró visibilizar problemas específicos e impulsar varias reformas legales. A finales de 1983 se constituye la Multisectorial de la Mujer en Buenos Aires, reconocida como una experiencia de unidad, solidaridad y lucha, en el que confluían mujeres provenientes de diferentes espacios y sectores políticos (feministas, militantes por los derechos humanos, mujeres de partidos políticos, de sindicatos, amas de casa, lesbianas, entre otras) donde compartían debates, campañas y ciertos acuerdos en torno a reivindicaciones específicas. La primera actividad pública de la Multisectorial fue organizar la marcha del 8 de marzo de 1984, ocasión en que se redactó un documento con siete puntos de unidad. Entre ellos, se incluía la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la igualdad de los hijos ante la ley, la modificación del régimen de patria potestad, el cumplimiento de la ley de igual salario por igual trabajo, reglamentación de la ley y puesta en funcionamiento de jardines maternales zonales, modificación de la ley de jubilación para el ama de casa y la creación de una Secretaría de Estado de la Mujer (Tarducci y Rifkin, 2010).
Algunas de las demandas exigidas por la Multisectorial se consiguieron y se cristalizaron en reformas legales gracias a la lucha del movimiento feminista y de mujeres. En 1985, se logró la patria potestad compartida y la igualdad de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio; en 1986, el convenio sobre igualdad de oportunidades para trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares; en 1987, el divorcio vincular y, al año siguiente, el derecho a pensión del cónyuge en matrimonio de hecho.
Asimismo, la década de 1980 fue una época donde emergieron nuevas organizaciones y espacios de reunión y debate feminista: Asociación de Trabajo y Estudio sobre la Mujer (ATEM) – 25 de noviembre y Líbera, en 1982 y en 1983, Prisma y Tribunal de Violencia contra la Mujer. El año 1984 ve surgir al Instituto de Estudios Jurídico Sociales de la Mujer (Indeso - Mujer) y Alternativa Feminista. Entre 1985 y 1988, surgen Mujeres en Movimiento, Cuadernos de existencia lesbiana, Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada y Taller Permanente de la Mujer (ligado a la Librería de Mujeres). Además de los espacios vinculados a actividades de militancia, algunas feministas que formaban parte de centros privados de investigación, empezaron a generar trabajos de carácter teórico, analítico e histórico. En este camino, se destacan los aportes de psicólogas nucleadas en el Centro de Estudios de la Mujer (CEM) y las sociólogas que formaban parte del Centro de Estudios Económicos y Sociales (CEDES) (Bellucci, 2014; Tarducci y Rifkin, 2010; Pita, 2007).
En suma, tal como caracterizan Mónica Tarducci y Déborah Rifkin (2010), esta fue una década muy importante en la historia reciente del feminismo argentino que, además, se vio enriquecida por la generación de intercambios continuos con feministas de otros países. El Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe fue el ámbito privilegiado para trocar experiencias, reflexiones y proyección de acciones colectivas. En 1986, se realizó el Primer Encuentro Nacional de Mujeres (ENM), un evento autogestionado y autónomo que se ha desarrollado ininterrumpidamente hasta la fecha y reúne anualmente a miles de mujeres durante tres días.2
Durante estos años, mientras en diversos ámbitos del estado se generaban secretarías y oficinas “de la mujer” y surgían nuevas organizaciones feministas, los temas referidos a la sexualidad tenían un espacio de escasa “decibilidad” (Ciriza, 2013).3
No obstante, en el año 1988, surge la Comisión por el Derecho al Aborto (CDA) en la ciudad de Buenos Aires. La CDA impulsó la discusión sobre el aborto en la arena pública, disputando lugares y debates, dentro y fuera del espacio del feminismo. Desde la formulación de su nombre, expresó la voluntad de instalarse en el registro de un feminismo que reivindicaba el aborto como un derecho de las mujeres. En función de ello, realizó diferentes acciones colectivas: desde intervenciones públicas, permanencia en calles repartiendo publicaciones, hasta actividades y jornadas para generar el debate político sobre el derecho al aborto (Bellucci, 2014).
En confluencia con médicas del Hospital “Dr. Francisco Muñiz”, las integrantes de la CDA elaboraron un proyecto de ley de anticoncepción y aborto. Fue el primero que se produjo en Argentina luego del retorno democrático. Entre otras cosas, el proyecto incluía el reconocimiento del derecho de toda mujer a abortar dentro de las primeras doce semanas de gestación, la realización de la práctica en hospitales públicos (nacionales, provinciales y municipales, así como los dependientes de las obras sociales) y el asesoramiento post aborto (información sobre anticoncepción).
Los acontecimientos señalados previamente se producen en un contexto político y social signado por la revalorización del sistema democrático, el respeto de las leyes e instituciones y la decisión política de juzgar a los principales responsables del terrorismo de estado, a través del Juicio a las Juntas Militares, en 1985. La conjunción de estos elementos redundó en la defensa de los derechos humanos y la democracia por oposición a la dictadura. Sin embargo, a partir de 1987, la estabilidad relativa que tuvo el gobierno de Alfonsín al principio, empezó a oscilar. Algunos acontecimientos que dan cuenta de ello remiten a la tensión con las Fuerzas Armadas después del Juicio a las Juntas; las sublevaciones militares de Semana Santa y la sanción de las leyes de “Obediencia Debida” y “Punto final”; la derrota electoral de septiembre de ese año; la imposibilidad por reformar y democratizar los sindicatos; la pérdida de apoyo social y dentro del propio partido gobernante hacia las políticas de Alfonsín (Quiroga, 2005).
El estallido de la hiperinflación y la consecuente caída del salario real en un contexto de contracción de la economía, causaron un crecimiento de los índices de pobreza hasta el 47,3% y de la tasa de indigencia hasta el 17,5%, en 1989. En medio de la inestabilidad económica y pérdida del valor de la moneda nacional, se consolidaron aquellas posiciones que reclamaban la apertura del mercado y un achicamiento del Estado, apurando el recambio presidencial con el retiro anticipado de Alfonsín en julio de 1989 (Svampa, 2005).
En suma, pese a que esta década significó para el feminismo y el movimiento de mujeres el afloramiento de múltiples espacios de reflexión y militancia, la discusión pública sobre el aborto emergió recién a finales de la década a raíz del surgimiento de la CDA. Como resultado de las diversas acciones colectivas llevadas adelante por la Comisión, la discusión sobre el aborto se colocó tanto dentro del movimiento feminista y de mujeres como fuera de éste, haciendo visible un tema considerado tabú y fuertemente condenado por las instituciones eclesiásticas, médicas y jurídicas. Dora Coledesky (2007) –una de las mentoras de la CDA y activa militante por el derecho al aborto— reconoce la importancia que tuvo esta agrupación respecto de haber sido pioneras en la discusión y difusión de determinados hechos, conceptos y criterios relevantes en la lucha por el derecho al aborto. Entre ellos, destaca la no contraposición entre las ideas de anticoncepción y aborto; la necesidad de distinguir entre los conceptos de despenalización y legalización; la urgencia de asumir una concepción integral de la salud que preste atención a las condiciones sociales y psicológicas. Asimismo, se buscaba deconstruir la idea de que el aborto implica un trauma con consecuencias psicológicas importantes y promovieron la discusión del derecho a la ligadura de trompas.
Por último, la CDA impulsó la consigna “anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”,que ha sido asumida de manera genealógica por la Campaña a partir de 2005.
Carlos Saúl Menem asumió el cargo presidencial anticipadamente el 8 de julio de 1989, en un contexto de hiperinflación y estallidos sociales. Había basado su campaña presidencial aludiendo a temas de la identidad peronista y proyectando su imagen como aptitud para el cambio. La orientación de las transformaciones del proyecto gubernamental menemista centraron sus iniciativas en dos grandes objetivos: por un lado, la reducción de las funciones intervencionistas del estado en los planos social y económico, y por otro, el favorecimiento a los sectores altamente concentrados de la economía (De Riz, 1993). A este período de transformación socioeconómica, lo inauguraron las leyes de Reforma del Estado (Ley Nº 23.696) y la Ley de Emergencia Económica (Ley Nº 23.697) en 1989, y la Ley de Convertibilidad (Ley Nº 23.928) en 1991. La sanción de las dos primeras configuraron el punto de partida para el establecimiento de un nuevo modelo estatal, en el que se redefinieron las relaciones entre estado, mercado y sociedad civil (Bosoer y Leiras, 2001). Este paquete de leyes conllevó la reorientación del rol del estado, la reducción de sus funciones mediante la privatización de importantes empresas públicas (principalmente aquellas proveedoras de servicios públicos), la supresión de aquellos organismos que regulaban la actividad económica, la tercerización y subcontratación de los servicios. Asimismo, implicó que se descentralizaran derechos sociales básicos (salud/educación), traspasando la responsabilidad a los gobiernos provinciales y municipales. A su vez, la paridad cambiaria entre el dólar estadounidense y el peso argentino cristalizó y profundizó la dependencia y vulnerabilidad de la economía nacional respecto de la extranjera. Maristella Svampa (2005) señala que esta reestructuración global del estado no sólo reformuló su rol en relación con la economía y la sociedad, sino que derivó en la consolidación de una nueva matriz social basada en una dinámica de marcada polarización y multiplicación de las desigualdades sociales.
En este contexto, el debate sobre el aborto, que había comenzado a instalarse de manera pública a raíz de las acciones colectivas de la CDA, fue quedando subsumido en la noción de derechos sexuales y reproductivos. El acallamiento del aborto se vio reforzado por el triunfo, en términos ideológicos, de los sectores más conservadores de la iglesia católica y de grupos fundamentalistas, que instalaron la idea de que esta práctica equivalía a un asesinato. El discurso se nutrió de una serie de ideas que resaltaban las virtudes de la maternidad, señalaban la fragilidad en los inicios de la vida, y afirmaban la equivalencia entre aborto y homicidio, y se instaló en el debate público como polarización entre las personas autodenominadas “pro-vida” y quienes defendían el derecho al aborto (Ciriza, 2013). La discusión dicotómica entre derecho a la vida del feto y el derecho a la decisión de las mujeres sobre su vida reproductiva, obstruye la libertad de estas últimas para decidir maternar y cuándo hacerlo. De esta manera, se equipara a las mujeres a la función maternal en tanto destino “natural”.
En este contexto, comenzó a hablarse de “derechos reproductivos”, asociados a discursos sobre salud reproductiva, paternidad y maternidad responsable. Este discurso fue objeto de críticas centradas en el silenciamiento de la sexualidad de las personas no heterosexuales y, fundamentalmente, la expresa referencia a la reproducción y la ausencia explícita a la no reproducción (anticoncepción y aborto) (Brown, 2008).
La aparición de los derechos reproductivos como tema en la agenda pública, se vio legitimada por su incorporación en las conferencias internacionales, entre las que se destacan la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en El Cairo (1994) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing (1995). En la primera se propuso el avance en la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Se afirmó que la salud es un derecho básico, pretendiendo incidir en programas destinados a reducir las tasas de mortalidad materna y garantizar el acceso a la salud reproductiva. Por su parte, en Beijing se reconoció que el control de la reproducción era un derecho humano básico de las mujeres para decidir sobre su vida, su sexualidad y su fertilidad. En este sentido, se buscó presionar a los diferentes gobiernos a que tomen las medidas necesarias para garantizarlos.
Particularmente, en el Programa de Acción de El Cairo (1994), se definió la salud reproductiva de una manera más completa, afirmando que supone un estado general de bienestar físico, social y mental, y no simplemente la ausencia de enfermedades o dolencias en los aspectos relacionados con el sistema reproductivo. En esta concepción, la salud reproductiva involucra tanto la capacidad del disfrute de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear, como la libertad para decidir hacerlo o no, cuándo y con qué frecuencia. En consonancia, al año siguiente, el Programa de Acción de Beijing afirmaba que los estados parte tenían el deber de reconocer la capacidad de las mujeres para controlar su propia fecundidad, premisa fundamental para el disfrute de otros derechos. Asimismo, se insta a que consideren la posibilidad de revisar las legislaciones punitivas contra las mujeres que abortan, sosteniendo que el aborto practicado de manera insegura supone un grave problema para la salud y la vida de las mujeres (Chiarotti, 2006).
El abandono provisional del reclamo público por el derecho al aborto en función de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, generó importantes tensiones incluso dentro del movimiento feminista que se expresaron –fundamentalmente- en el enfrentamiento entre las feministas “autónomas” y las “institucionalizadas”.4
En la década de 1990, un importante sector dentro del feminismo se conformó como organizaciones no gubernamentales (ONGs), vinculándose de modo más estrecho con el estado y los organismos de cooperación internacional. Quienes allí se enmarcaron fueron denominadas como “institucionalizadas”. Sostenían que era posible generar avances por medio de la elaboración de diferentes programas contra la discriminación, el acoso sexual, la violencia. Por el contrario, las “autónomas” fueron quienes eligieron quedarse por fuera de la acción estatal, señalaron el peligro de cooptación por parte de los organismos multilaterales y del estado, y pusieron en tela de juicio la aceptación de financiamiento proveniente de esas instituciones (Pita, 2007). Uno de los principales cuestionamientos hechos a las “feministas institucionalizadas” aseveraba que la progresiva institucionalización del feminismo derivaría en la pérdida del carácter subversivo del movimiento. En esas derivas, se enmarcaban los cambios discursivos operados en relación al aborto como concesiones hechas a los poderes establecidos (Brown, 2014).
A diferencia de ello, quienes hablaban de derechosreproductivos sostenían que era el mecanismo que hacía posible su intromisión como tema de la agenda política y así avanzar en la conquista de algunas leyes de salud reproductiva y procreación responsable. Los derechosreproductivos expresaban cierta demanda de igualdad: no se trataba sólo de reconocerlos como derechos, sino de que además se gestionaran los procedimientos que posibilitaran el acceso de toda la ciudadanía. No obstante, el énfasis en el aspectoreproductivo esquivaba la cuestión de los derechossexuales, que incluye tanto los referidos a la procreación como, fundamentalmente, el derecho de las personas a decidir libremente sobre su propia sexualidad y la continuación o no de una gestación en curso, es decir, el derecho al aborto.
Allende el retraimiento de la discusión pública del aborto en función del debate sobre los derechos reproductivos, cabe señalar que la década se inició con la celebración del V Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe en la provincia de Buenos Aires. Allí, la lucha por el derecho a decidir ocupó un lugar importante en las discusiones, dando lugar al surgimiento de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe para la movilización por el derecho al aborto.
Se reconocieron la anticoncepción y el aborto legal y seguro como derechos humanos que trascienden las diferencias de clase, etnia, religión o nacionalidad, y que es responsabilidad de los estados garantizar su cumplimiento. A partir de entonces, se convocó a que en cada país se realicen acciones y campañas para alcanzar este derecho de manera legal, segura, no clandestina y digna. Asimismo, se declaró el 28 de septiembre como Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, fecha elegida en conmemoración a la promulgación de la ley de libertad de vientres brasileña (Tarducci y Rifkin, 2010).
En sintonía, en el año 1991, se creó el Foro por los Derechos Reproductivos. Un espacio interdisciplinario donde los derechos reproductivos son considerados derechos humanos, vinculados a la libertad de las mujeres para elegir sobre su vida reproductiva. Allí se desarrollaron diversas actividades y eventos, en articulación con centros de investigación, organismos gubernamentales y no gubernamentales de mujeres, asociaciones profesionales (Bellucci, 2014).
Pese a que la incorporación del aborto al debate público insistía de diferentes maneras, fue en 1994 cuando adquirió nuevamente centralidad en la discusión pública. En el medio de la reforma constitucional y en un contexto de avance de los sectores católicos y conservadores, desde el gobierno de Menem se intentó imponer una cláusula que estableciera que Argentina defendía el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, en consonancia con los reclamos de la jerarquía católica. De esta manera, el debate en relación con el aborto en la Convención Constituyente fue planteado desde el Ejecutivo Nacional mediante el ministro de Justicia, Rodolfo Barra (Brown, 2014). Este hecho fue señalado por Mario Pecheny (2006) como la primera vez que la clase política argentina discutió sobre aborto.
A partir de este acontecimiento, emergió una importante articulación entre feministas, mujeres de los partidos políticos, sindicalistas, militantes de los movimientos sociales y de derechos humanos, que logró frenar la propuesta del gobierno. El Movimiento de Mujeres Autoconvocadas para Decidir en Libertad (MADEL) fue el nombre por el cual se conoció a ese frente político multisectorial surgido para contrarrestar la avanzada conservadora.
Hacia el final del segundo mandato de Menem, hubo otro episodio en que se visibilizó una campaña para perpetuar la ilegalidad del aborto delineada desde el gobierno nacional. A finales de 1998 y mediante un decreto presidencial, Menem estableció el 25 de marzo como Día del Niño/a por Nacer. Con todo este contexto de trasfondo, se abrió la posibilidad para que un grupo de mujeres contase, por primera vez y en un medio gráfico, su experiencia de haber abortado y las formas de transitar dicha vivencia. Se incluía a mujeres reconocidas por su trayectoria o profesión y también a simples ciudadanas que públicamente se animaban a hablar en primera persona. Entre ellas se encontraba la ex-esposa del entonces presidente, Zulema Yoma, quien dijo a la prensa que había abortado. En los años 1994, 1997 y 1999, las revistas La Maga, Tres Puntos y Luna, respectivamente, publicaron testimonios al respecto, también lo hizo el periódico Página/12, en un suplemento que se tituló Yo aborté (Bellucci, 2014; Pecheny, 2006).
Las políticas de privatización de empresas estatales, el aumento desenfrenado del desempleo, el ajuste en el gasto público, la consolidación de la dependencia económica, el incremento de la deuda externa, la pérdida del control de los recursos estratégicos, la creciente concentración de la riqueza y expansión de la pobreza a niveles desorbitantes, fueron, entre otras, las características principales de la década de 1990. Como resultado de la alianza de la clase política gobernante con los sectores de la alta burguesía y el poder económico financiero, en un marco de profundización del modelo neoliberal, la consecuencia más evidente fue una sociedad profundamente desigual, polarizada y excluyente, caracterizada por la transferencia de recursos de los sectores medios y de trabajadores a los sectores altos y concentrados, así como también de los sectores nacionales a los transnacionales.
Desde la segunda mitad de la década, los sectores más postergados de la sociedad emergieron como nuevos protagonistas de la acción colectiva, disruptiva y no convencional, irrumpiendo en la escena pública con novedosas modalidades de protesta, y situando las demandas y acciones colectivas en los territorios donde el reclamo acontece. El origen del movimiento piquetero está vinculado a una serie de conflictos generados en el interior del país, fundamentalmente a las puebladas de Cutral Co y Plaza Huincul en Neuquén y a Tartagal y Mosconi en Salta, localidades profundamente perjudicadas por la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y el consecuente incremento de la desocupación. Emergió, a raíz de ello, una nueva identidad (piquetera), caracterizada por un nuevo formato de protesta (el corte de ruta) y una nueva modalidad organizativa (la asamblea).
En 1999, ganó las elecciones presidenciales la Alianza entre la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente País Solidario (FrePaSo), con la fórmula Fernando De la Rúa – Carlos “Chacho” Álvarez. Cuando asumieron, ya había en el país 1.833.000 personas desocupadas, número que en vez de disminuir, se incrementó alcanzando los 2.532.000 habitantes dos años después. A la profundización de la desocupación, se le sumaron el ajuste, los recortes en servicios esenciales, la postergación en el pago de salarios, el deterioro de la economía tanto formal como informal y la caída abrupta de miles de personas bajo las líneas de pobreza e indigencia. A la crisis económica y social, se le añadió la crisis política: las denuncias de corrupción y coimas en el Senado de la Nación, sumadas a la renuncia del vicepresidente Álvarez el 6 de octubre del 2000, señalaban de manera evidente el resquebrajamiento de la Alianza pese a que el presidente De la Rúa hubiera afirmado ese mismo día por cadena nacional que “aquí no hay crisis” (Cibeira, 2000; Fradkin, 2005). En ese contexto, Fernando De la Rúa nombró nuevamente a Domingo Felipe Cavallo como ministro de economía en marzo de 2001 y en las elecciones legislativas de ese año hubo un gran protagonismo de las abstenciones y los votos en blanco y nulos.
La agudización de la crisis alcanzó, en diciembre, su punto más álgido. Las protestas que atravesaron todo ese mes fueron la respuesta a las medidas anunciadas por Cavallo que incluyeron –entre otras— la limitación de la cantidad de dinero que podía extraerse de los bancos, donde estaban los ahorros de la clase media. Además, se había decretado que el pago de todos los salarios se realizara por medio de cuentas bancarias, lo cual causó el repudio de las centrales sindicales de más importancia (la CGT “disidente” cuyo secretario general era Hugo Moyano, la CGT “oficialista”, con Héctor Daer en la secretaría general, y la CTA), que convocaron a una huelga general para el 13 de diciembre.
A partir de esa fecha, empezaron a suceder los primeros saqueos en varias localidades del país, que se generalizaron el día 19. Como respuesta a esta situación, el gobierno decretó el estado de sitio y llamó a la población a la calma. Estas medidas, lejos de reducir la tensión, desataron la movilización y la manifestación (cacerolazos) al grito “que se vayan todos, que no quede ni uno solo” (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2003; Fradkin, 2005). En medio de saqueos, protestas generalizadas y represión, De la Rúa renunció al cargo presidencial el día 20 de diciembre de 2001 y abandonó en helicóptero la Casa Rosada.
Luego de la rebelión del 19 y el 20 de diciembre, emergió un nuevo movimiento social de asambleas populares. En poco tiempo, hubo más de ciento cincuenta asambleas populares que oscilaban entre las quince y las trescientas personas en Buenos Aires, y otras en Córdoba, Santa Fe, Rosario y Mendoza (Adamovsky, 2011). En las nuevas modalidades de lucha que se pusieron en práctica en este contexto de crisis y protesta social, hubo un importante protagonismo y participación de las mujeres. En enero de 2002, se organizó una coordinación de las asambleas en la ciudad de Buenos Aires, la “Interbarrial”, y fue en el medio de toda esta efervescencia que los discursos sobre el aborto irrumpieron y atravesaron a los nuevos movimientos sociales emergentes.
En un informe para la Asamblea Nacional Interbarrial, Dora Coledesky elaboró un diagnóstico en el cual se argumentaba que si había sido posible romper con la dominación que las instituciones democráticas y las decisiones de gobierno se imponían sobre la vida cotidiana, y que fue cristalizado en la consigna que se vayan todos y en la renuncia de De la Rúa, también era posible rebelarse contra los dogmas, fundamentalmente religiosos, que se imponen a toda la sociedad en contra de la libertad de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Fue así que se decidió realizar una asamblea específica sobre aborto (Bellucci, 2014).
La conformación de la Asamblea por el Derecho al Aborto emergió porque sus integrantes supieron captar los cambios producidos a partir de la rebelión de diciembre de 2001, y participaron enérgicamente en los espacios asamblearios llevando las demandas de los derechos de las mujeres. De esta manera, se intentó que la sociedad en su conjunto asumiera la lucha que las mujeres venían dando desde hacía décadas, incorporando reclamos relativos a la anticoncepción, la educación sexual y legalización del aborto en una organización que aglutinaba a las comisiones de salud de las diferentes asambleas barriales, llamada Intersalud (Di Marco, 2010).
“De la Asamblea por el Derecho al Aborto surgió la propuesta de realizar una al comienzo del Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario, en agosto de 2003. Allí se organizó, por primera vez, un taller sobre Estrategias para el Derecho al Aborto, que implicó un paso superador de los talleres sobre el tema. Lo que se debatía ya no era la legalización sino cómo llevarla a cabo. Esta iniciativa fue propuesta también para desmantelar la ofensiva católica, ya que en los talleres de anticoncepción y aborto era donde se congregaban las mujeres enviadas por la Iglesia católica para boicotear los debates e imponer sus ideas” (Di Marco, 2010, p. 58)
Cabe señalar que durante los primeros ENM, el aborto no figuraba en los talleres oficiales propuestos por la Comisión Organizadora. Pese a ello, tanto la presencia del tema en los debates de otros talleres y la insistencia de los talleres autoconvocados de Anticoncepción y Aborto, generaron que, en 1995, se incorporara a la grilla oficial de los talleres del ENM.
En el ENM celebrado en la ciudad de Rosario, en 2003, los derechos relacionados con la sexualidad y el aborto estuvieron entre los más reclamados, involucrando a sectores militantes y populares que hasta el momento no se pronunciaban ni participaban de la lucha por el derecho al aborto. Ese año, las “católicas” (como se designa a las militantes de diferentes comunidades religiosas) se organizaron para ir a instalar el discurso del derecho a la vida desde el momento de la concepción. Cuando concluyeron los talleres del primer día, se realizó una asamblea por el derecho al aborto que marcó el camino para una serie de acciones colectivas a nivel nacional para reclamar su legalización. También se utilizaron por primera vez los pañuelos verdes que, actualmente, son emblema de la Campaña, y que fueron distribuidos en la tradicional y multitudinaria marcha del Encuentro por la organización Católicas por el Derecho a Decidir (Alma y Lorenzo, 2009).
La mencionada Asamblea convocó a más de 300 mujeres que propusieron un plan nacional de lucha por el derecho al aborto. Entre otras cosas, allí se proyectaba convocar a una marcha nacional por el derecho al aborto libre y gratuito; realizar un Primer Encuentro Nacional por el Derecho al Aborto Libre y Gratuito cuyo objetivo sería generar acuerdos y estrategias para conseguir la legalización; participar activamente en la Marcha del Orgullo; marchar el 25 de noviembre en distintos lugares del país; organizar una comisión nacional para promover leyes que le diesen curso a la legalización (Bellucci, 2014).
El ENM de Mendoza en 2004, tuvo características específicas en relación a las modalidades en que se atacó y difamó el evento por parte de grupos conservadores. Pese a ello, las conclusiones emergidas del taller “Estrategias para el acceso al aborto legal, seguro y gratuito” fueron cruciales a la hora de definir acciones colectivas que demanden el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Se recuperó la consigna de la CDA, “Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir”, y se delimitaron tres tipos de estrategias: legales (para la redacción de un proyecto de ley), educacionales y comunicacionales. Asimismo, se definió como meta la conformación de una campaña a nivel nacional, cuya primera aparición pública fue el 28 de mayo de 2005.
Tal como se mencionó anteriormente, fue a partir de la crisis de finales de 2001 que el aborto empezó a instalarse como tema en las asambleas barriales y en los ENM de 2003 y 2004 donde cobró una centralidad que hasta ese momento no había tenido.
Quisiera hacer algunos comentarios sobre el contexto en que el aborto se instala con fuerza en 2005 en la arena pública. Después de la denominada Masacre de Avellaneda en junio de 2002,5 el gobierno nacional de Eduardo Duhalde decidió convocar a elecciones anticipadas el 27 de abril de 2003. Dado que ninguna de las fórmulas consiguió el porcentaje de votos necesarios para ganar la presidencia, esos comicios determinaron que debería haber una segunda vuelta (balotagge) entre las fórmulas encabezadas por Menem-Juan Carlos Romero y Néstor Carlos Kirchner-Daniel Osvaldo Scioli. Finalmente, a mediados de mayo, Menem renunció a su candidatura y Kirchner asumió el 25 de mayo de 2003 como nuevo presidente, habiendo logrado únicamente el 22,24% de los votos positivos.
A partir de entonces, se configuró un nuevo escenario político donde se interpeló fuertemente a la sociedad civil y las organizaciones sociales y políticas movilizadas, mediante un discurso progresista que daba lugar a las demandas de “orden y regreso a la normalidad” de la mano de una reconfiguración del rol del estado. Algunas de las principales acciones del gobierno de Kirchner desde el aspecto institucional, fueron los cambios en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la disminución de la tasa de desempleo, un proceso de reindustrialización favorecido por un tipo de cambio alto. Asimismo, se asumió la política de derechos humanos como una política de estado, interpelando a un conjunto de organizaciones sociales entre las cuales se destacaron los organismos de derechos humanos como la Asociación Madres de Plaza de Mayo y varias organizaciones de trabajadoras y trabajadores desocupados (Svampa, 2011). Pese a estas mejoras a nivel general, hubo una ambigüedad presente entre las retóricas y las políticas inclusivas del gobierno. Por un lado, las políticas sociales como la Asignación Universal por Hijo/a o la Asignación Universal por Embarazo. Por otro lado, la crítica y la demonización a las organizaciones sociales que no se alinearon con el proyecto político del gobierno y la consolidación de una matriz productiva cuya base es la profundización del modelo extractivo-exportador, caracterizado por la expansión de los cultivos de soja transgénica y la utilización de agrotóxicos, el impulso a la megaminería a cielo abierto y, más recientemente, la explotación de hidrocarburos no convencionales. La apuesta a este modelo productivo fue de la mano de una importante re-emergencia de conflictos socio-ambientales, sostenidos principalmente por los pueblos y comunidades afectadas, que fueron reprimidos por las policías provinciales o grupos afines a los poderes políticos locales y nacionales (Svampa, 2012).
En medio de este contexto de ambigüedad, por primera vez, un ministro de salud del gobierno nacional, admitió públicamente en un reportaje la necesidad de que se discutiera la despenalización del aborto para resolver las altas tasas de mortalidad de mujeres gestantes en nuestro país, que –mayoritariamente— se daban por complicaciones de aborto inducido. Las declaraciones de Ginés González García despertaron la respuesta inmediata de la Iglesia católica, cuyo obispo castrense, Monseñor Antonio Baseotto, acusó al ministro de hacer apología del delito y dijo que el funcionario merecía que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo tiraran al mar.6
En mayo de 2005, el mencionado ministro impartió directivas a los hospitales de todo el país para que las mujeres que ingresaran por complicaciones debidas a la provocación de un aborto, fueran tratadas con confidencialidad, contenidas y se retiraran del establecimiento con un anticonceptivo. Con estas acciones, el estado nacional reconoció la mortalidad por aborto clandestino como un problema de salud pública, con el compromiso de ese ministerio de darle solución en el marco del derecho a la salud y los derechos humanos (Rosenberg y Schvartzman, 2014).7
En este nuevo ambiente político, el 28 de mayo de 2005, apareció públicamente la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Se trata de un espacio donde confluye un cúmulo de trayectorias de lucha: las acciones colectivas de las feministas de los años ’80, los debates suscitados alrededor de los derechos reproductivos en los ’90 y los ENM desde 1986 en adelante.
Esta nueva experiencia de articulación tuvo la novedad de ser, por primera vez, una red federal donde diferentes organizaciones del país coordinaron una serie de acciones políticas en función de la despenalización y legalización del aborto. Asimismo, es una articulación plural y, en ese sentido, la atraviesan tensiones y disputas que expresan diferentes intereses y relaciones de fuerza, dando lugar a alianzas y coaliciones entre quienes intentan que sus posiciones prevalezcan en medio de tanta heterogeneidad (Anzorena y Zurbriggen, 2013).
La Campaña logró posicionarse como interlocutora válida en el debate público por la despenalización y legalización del aborto, tanto en lo relativo al reclamo frente a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, como en los diálogos con movimientos sociales, efectores de salud, universidades, partidos políticos (Rosenberg y Schvartzman, 2014).
Por otro lado, al tratarse de una multiplicidad de grupos y organizaciones que la componen, no hay una forma unívoca de participar en la Campaña. Sus integrantes afirman que la base es la “libertad, la autonomía y la independencia”, y también la solidaridad, teniendo en cuenta los contextos locales diversos que existen en el país, y en los que activan los diferentes grupos.
“Cada grupo hace suyo los documentos, se apropia de las ideas y de cada acción, las replica o las recrea en su lugar, siempre enmarcadas en lograr el tratamiento del proyecto de ley que despenalice y legalice el aborto en Argentina. Además, hay distintas formas de ser parte de la Campaña: como adherentes, como activistas propias del espacio, como integrantes de grupos y colectivas dentro de ella. No hay reglas fijas, cada grupo despliega como puede y cree conveniente los consensos alcanzados. La única regla que nos asiste: no poner en riesgo el acuerdo político principal” (Anzorena y Zurbriggen, 2013, p. 26).
Es decir, la Campaña como ámbito de articulación federal, implica la construcción de un campo activista, de reclamo y de organización por el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Implica también un “proceso generador de política”, en el cual las mujeres y organizaciones que la componen, son protagonistas que inventan nuevas formas políticas de articular y construir federalmente ese espacio. La organización en forma de red de la Campaña es novedosa, característica que ellas mismas inscriben en experiencias y tradiciones feministas, diferenciándose de las modalidades organizativas típicas de las estructuras partidarias. Algunas de las particularidades que las organizaciones feministas rescatan de este tipo de configuración política, tienen que ver con la concepción de diferentes formas de toma de decisiones, del uso de la palabra, de la participación, la escritura colectiva de documentos, entre otras (Anzorena y Zurbriggen, 2013).
Una de las principales tareas que asumió la Campaña fue la elaboración de un Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que se asienta en el derecho personal de las mujeres a decidir sobre el propio cuerpo.
El proyecto propone que toda mujer que así lo desee puede interrumpir su embarazo durante las primeras catorce semanas de gestación y sin plazos en el caso de violación, de riesgo para la salud o la vida de la gestante, o si hubiese malformaciones fetales graves. Asimismo, se propone que se acceda al aborto de forma segura y gratuita en los servicios públicos de salud. Es decir, el proyecto tiene una serie de ejes que pueden resumirse en: despenalización, acceso al aborto en el sistema de salud y establecimiento del tiempo de gestación permitido para abortar. Uno de los argumentos que las feministas de la Campaña señalan es que la legalización del aborto no implica una obligatoriedad en abortar, sino que propone tener las posibilidades de decidir si continuar o no con un embarazo en determinado momento y con determinadas condiciones de gestación.
Este proyecto ya fue presentado varias veces en el Congreso de la Nación, y fue en junio de 2016 la última vez que sucedió. No obstante contar con la firma de varias diputadas y diputados, no se logró que tome carácter parlamentario y fuera debatido en las comisiones correspondientes (Legislación Penal, Acción Social y Salud Pública y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia). En este sentido, durante los últimos diez años, se evidenció una clara voluntad política desde el gobierno nacional de no discutir el derecho de las mujeres a decidir sobre el propio cuerpo, pese a que la gestión kirchnerista tuvo mayoría en ambas cámaras y muchas diputadas y diputados del bloque son firmantes del proyecto.
Lo que llama la atención es que en los últimos años se sancionaron leyes que ampliaron los derechos de la ciudadanía y que dan cuenta de avances en cuestiones relativas a los derechos vinculados a la sexualidad. Me refiero, explícitamente, a la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, sancionada en el año 2010, y a la Ley de Identidad de Género, en 2012. Considero que, más allá de la falta de voluntad política del entonces gobierno nacional, la negativa de los sucesivos gobiernos democráticos a legalizar el aborto, tiene que ver con que esta práctica pone en tensión, en última instancia, la posibilidad de las mujeres a decidir si quieren o no maternar. Es un derecho que pone en primer lugar la valoración de un deseo, cuestionando los estereotipos de género establecidos que asignan a las mujeres un destino reproductor.
Las dificultades para lograr que se sancione una ley de despenalización y legalización del aborto, posibilitaron que, desde dentro de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, un grupo de colectivas feministas decida reconfigurar sus acciones colectivas y conformen Socorristas en Red (feministas que abortamos) en el año 2012.
De modo similar a la Campaña, la red de Socorristas es una articulación de carácter federal en la que confluyen cuarenta y dos colectivas feministas de diferentes localidades del país, que organizan su activismo en función de Socorros Rosas.8 Son espacios que brindan información sobre el uso seguro de medicación para abortar y acompañan a las mujeres.
El dispositivo socorrista consiste en una serie de premisas organizativas que funcionan como protocolo de acompañamiento a las mujeres que las contactan. Cada colectiva feminista tiene un número telefónico que es público al que llaman las mujeres. Allí, las atiende una de las militantes, con quien coordinan un encuentro. La telefonista anota a la mujer en uno de los talleres programados en la semana, al cual la mujer puede asistir sola o acompañada por quien quiera.
Estos talleres se desarrollan en diferentes espacios según cada colectiva. Puede que sucedan en un bar, en una plaza, en una salita de salud, un centro cultural o en espacios sindicales de docentes –esto último en aquellos lugares donde muchas de las militantes son docentes y sostienen ciertos lazos de articulación con el sindicato, por ejemplo en la ciudad de Neuquén.9 Los encuentros son grupales entre varias mujeres que están por abortar y una dupla socorrista que brinda información. Las prácticas de encuentros grupales no son novedad del socorrismo. Generar instancias grupales en que mujeres desconocidas se encuentran atravesando una situación similar tiene raíces en los grupos feministas de concienciación en los años setenta, a partir de los cuales una situación vivida como particular e individual, podía politizarse al verse dentro de un entramado colectivo. Cuando se trata del aborto, la situación grupal tiene una potencia que aporta a la construcción de sentidos sobre una práctica que está penalizada por ley y condenada moralmente. A partir de una conversación amena entre diferentes mujeres que están en la misma encrucijada, las feministas pretenden situar al aborto como una experiencia más entre tantas de la vida de una mujer y apuntan a construir otros relatos sobre dicha experiencia, es decir, a despenalizarlo socialmente.
Mientras dura el taller, se brinda información sobre el uso seguro de medicación para abortar, se habla sobre el momento del aborto y qué cuestiones es necesario tener en cuenta en el momento que lo hagan. Algunas mujeres hablan de sus miedos, otras cuentan que ya abortaron, tal vez hay quienes ya abortaron con el uso de medicación y tienen un cierto protagonismo al contar en primera persona cómo fue su experiencia, lo cual las puede configurar en ese momento como “voces autorizadas” y hacia donde se dirigen algunas preguntas relacionadas con “qué sentiste, cómo fue, cómo hiciste”.
El encuentro termina con tres cuestiones. En primer lugar, la adjudicación a cada una de las socorristas de una determinada cantidad de mujeres para hacerles el seguimiento o acompañamiento en sus procesos de aborto. En segundo lugar, se llena una serie de datos en una ficha denominada protocola. Por último, se recomiendan nombres de médicos o médicas “amigables” para la realización del control posterior al aborto.10
En base a esos datos se elaboran informes y se presenta la información estadística que les permite a las socorristas disputar sentidos sobre la práctica del aborto en diferentes ámbitos. A partir de sus propias informaciones, se proponen discutir con quienes están implicados en debatir la ley –legisladores y legisladoras- y con quienes tienen que garantizar que se cumplan las ILEs actualmente –agentes del sistema de salud. Este último aspecto es otra peculiaridad que Socorristas en Red propone en sus acciones colectivas: generar vínculos con el sistema de salud. En las reuniones plenarias nacionales de los años 2015 y 2016, reafirmaron la necesidad de discutir y generar alianzas con quienes ocupan lugares estratégicos dentro de este sector (médicos, médicas, enfermeras, enfermeros y ecografistas) ya que son quienes atienden a las mujeres y tienen que garantizar la aplicación del protocolo ILE en las situaciones contempladas por causales salud y violación. Asimismo, en una estrategia más largoplacista, la vinculación con profesionales de la salud tiene asidero en la necesidad de que existan prácticas médicas que respeten las decisiones de las mujeres sin juicios morales condenatorios.
Pese a estar penado por ley y condenado moralmente, el aborto es una práctica que acontece de manera cotidiana. A lo largo de la historia, las mujeres que quedaron embarazadas y no quisieron maternar encontraron, en ese momento, estrategias para resolver sus abortos. La clandestinidad de la práctica, la condena moral hacia las mujeres que abortan y el mandato social de la maternidad como destino obligatorio de las mujeres, son aristas que configuran el silenciamiento y ocultamiento del aborto como práctica social.
En la concepción del aborto como derecho de las mujeres cuya práctica el Estado debería garantizar, ha sido fundamental el rol y las acciones colectivas desarrolladas por el movimiento feminista. La instalación del aborto como problema en la arena pública y la demanda de su despenalización y legalización es resultado del cúmulo de acciones colectivas que llevaron adelante las feministas desde la creación de la Comisión por el Derecho al Aborto a finales de la década de 1980. Sin lugar a dudas, la conformación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito como tributaria de las luchas de décadas anteriores, es fundamental en la instalación pública y visibilización del aborto como una práctica cotidiana y una experiencia más en la vida de las mujeres. Fue a partir de su conformación como articulación nacional que la lucha por el derecho al aborto se federalizó.
Actualmente, y en el afán constante del feminismo por seguir extendiendo los márgenes de acción de lo posible, el socorrismo constituye una acción colectiva que va más allá de la discusión sobre la legalización y despenalización del aborto. Sus militantes generan estrategias colectivas en las que una situación penada por ley, con una carga moral negativa y que suele ocultarse, puede realizarse de manera segura y acompañada. Desde el conocimiento situado que implica poner sus cuerpos en este tipo de acción colectiva, buscan generar otros sentidos y otros saberes sobre las prácticas de abortar.
1 La despenalización y legalización del aborto aunque muchas veces se confunden en el discurso cotidiano, no implican lo mismo. La despenalización implica el reconocimiento de motivos por los cuales un aborto –aún siendo considerado como delito- no sea punible. En cambio, la legalización es un término más amplio que señala el reconocimiento de la práctica por parte del estado; en este sentido, el aborto es legítimo y, por lo tanto, las mujeres pueden reclamar el acceso a la práctica como parte de un derecho a la salud (Pecheny, 2006).
2 “En Argentina existe una práctica donde las protagonistas son las mujeres. Se trata de los Encuentros Nacionales de Mujeres que desde 1986 se desarrollan en distintas ciudades del país, durante tres días consecutivos al año y autoconvocan, de manera ininterrumpida, a miles de participantes” (Alma y Lorenzo, 2009, p. 33). Los Encuentros son autoconvocados, autónomos y horizontales; existe una comisión organizadora, encargada de las gestiones, difusión y confección de los talleres y el programa, que funciona durante todo el año previo al encuentro. De la misma, pueden participar todas las mujeres de la ciudad en que se desarrolle, sin distinción política, religiosa, étnica o por su orientación sexual. Son encuentros itinerantes, que transitan de localidad en localidad, en este sentido es que se proclaman federales. Las discusiones se llevan a cabo en talleres, bajo una coordinadora y dos secretarias encargadas de ordenar el debate y tomar notas, respectivamente. Las discusiones se dan por consenso o mayoría y minoría, y todas las opiniones deben quedar plasmadas en las conclusiones que se escriben el último día de funcionamiento de los talleres. Para profundizar sobre los ENM, recomiendo el libro de Amanda Alma y Paula Lorenzo (2009).
3 Además de la creación de “oficinas de la mujer” en organismos del estado, cabe señalar que en Argentina, desde mediados de la década de 1980 hubo universidades que organizaron seminarios o programas interdisciplinarios con perspectiva feminista o en teoría de género. La Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires fue la primera en incorporar de diferentes maneras la perspectiva de género a la currícula, que finalmente se materializó en una diplomatura especializada. Bajo la coordinación de Gloria Bonder, en el año 1985, se reconoció como Postgrado en Estudios de la Mujer, que por convenio interuniversitario también se dictó en la Universidad Nacional del Comahue. Hacia finales de década, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA reorganizó el Instituto de Investigaciones Gino Germani, estableciendo un área dedicada a los estudios de género. En 1989, en la Universidad Nacional de Salta se creó la Comisión de la Mujer en la Facultad de Humanidades, encargada de promover investigaciones con perspectiva de género y generar ámbitos de discusión sobre la problemática de las mujeres. La Universidad Nacional de Luján creó, en el año 1990, el Área de Estudios de la Mujer, dependiente del Departamento de Ciencias Sociales y particularmente vinculada a la carrera de historia. En 1992 la Facultad de Filosofía y Letras de esa misma universidad, se crea formalmente el Área Interdisciplinaria de Estudios de la Mujer, que en 1997 es reconocida como Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género (Femenías, 2005).
4 Laura Masson (2007) describe y analiza la dinámica de acusaciones y oposiciones por medio de la cual se configura el espacio del feminismo en Argentina. Las oposiciones más frecuentes refieren a “feministas autónomas”, “feministas institucionalizadas”, “feministas académicas” y “feministas políticas”.
5 En un contexto de creciente movilización política y conflicto social, numerosas organizaciones piqueteras habían confluido en un plan de lucha que proponía para el 26 de junio de 2002 una Jornada Nacional de Lucha con 25 cortes de ruta en todo el país, de los cuales, cinco se iban a realizar en los diferentes accesos a la ciudad de Buenos Aires (en los puentes Pueyrredón, Alsina y De la Noria, uno en el acceso a Liniers y otro en Acceso Norte). Durante los días previos, el ministro de Justicia del gobierno de Duhalde, Juan José Álvarez, había anunciado que no se iban a permitir los cortes simultáneos en los accesos a la Capital Federal, y que el intento de aislamiento sería considerado una “acción bélica”. En función de ese objetivo, las tres fuerzas de seguridad nacionales (Policía Federal, Gendarmería y Prefectura Naval) actuarían en conjunto con la Policía Bonaerense para impedir que las y los piqueteros realicen los cortes. Se montó así un operativo de represión y cacería a las organizaciones, que culminó con el fusilamiento público y televisado en vivo de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en el hall de la estación de trenes de Avellaneda. Inmediatamente después, el gobierno nacional y los principales medios de comunicación, intentaron atribuir las muertes a una disputa entre piqueteros, hasta que las fotos de un periodista revelaron cómo la policía asesinó a los dos militantes. Este suceso se conoce como la Masacre de Avellaneda, por el entramado político que subyace a la represión, y significó el punto máximo de represión en el contexto de crisis y el fin del gobierno provisional de Duhalde, obligándolo a llamar a elecciones anticipadas.
6 En Argentina, esta imagen hace referencia en el imaginario colectivo a los “vuelos de la muerte” que formaron parte de las políticas desarrolladas por el terrorismo de estado en la década de 1970. Ver Página/12, edición del 09 de febrero de 2005. http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-47505-2005-02-19.html
7 En una entrevista realizada en el marco de mi tesis doctoral, una médica ginecóloga de la ciudad de Neuquén, coincide con Rosenberg y Schvartzman que fue en estos años que por primera vez un ministerio de salud considera que la clandestinidad del aborto es un problema de salud de las mujeres, y se elaboran los protocolos hospitalarios necesarios para la actuación médica adecuada en esos casos.
8 Socorro Rosa es el nombre por el cual las feministas italianas en la lucha por el aborto voluntario, realizaban abortos de manera gratuita con médicos integrantes del Partido Comunista en el sótano de una casa. De esta manera, ponían de manifiesto la necesidad de construir lazos de solidaridad entre mujeres evitando los negociados erigidos por la clandestinidad de la práctica. En Chicago, Estados Unidos, un servicio similar se conoció con el nombre de Jane.
9 Mi tesis doctoral analiza acciones colectivas por el derecho al aborto de militantes feministas de la ciudad de Neuquén. Parte de los datos a partir de los cuales construyo el relato sobre la manera de funcionamiento del socorrismo, conforman las observaciones participantes en instancias plenarias y socorros, notas de campo y entrevistas a militantes de la Colectiva Feminista La Revuelta.
10 Las socorristas elaboraron la categoría “amigables” para denominar a los distintos agentes del sistema de salud que se hayan pronunciado públicamente a favor del aborto o –sin hacer declaraciones públicas al respecto- hayan actuado en ese sentido. Así, la categoría amigables incluye tanto a médicas y médicos, como a enfermeras y enfermeros, ecografistas y trabajadoras y trabajadores sociales.
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Fecha de recibido: 10 de noviembre de 2016
Fecha de aceptado: 26 de junio de 2017
Fecha de publicado: 19 de septiembre de 2017
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